Okupas y propiedad privada

La Constitución Española reconoce, entre otros muchos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. El problema surge cuando ambos derechos llegan a ser incompatibles, como ocurre para miles de personas en una sociedad en crisis y con el precio de la vivienda inasumible, incluso en alquiler.

Y es que no debería ser normal que en nuestro país haya casi tres millones de viviendas desocupadas, mientras tanta gente queda abocada a vivir en al calle, o hacinados en pisos que no pueden ni garantizar el espacio vital de sus ocupantes. No debería ser normal, pero lo es.

La solución que toman algunos parece lógica: ya que hay pisos vacíos, me meto en uno, y aguanto allí hasta que me echen. Y después ya veremos.

Cuando ocurre con ciudadanos particulares, pocos se enteran de la situación: como mucho, los vecinos, que lo aceptarán o no dependiendo de lo buenos vecinos que san. Después, llega la policía, los echa, y aquí no ha pasado nada.

Otra cuestión es cuando la ocupación se realiza por cuestiones políticas o sociales. Entonces ya cambia hasta el nombre, pasando a ser okupación. Suele ser realizada por jóvenes de izquierdas, llamados antisistema (sistema y antisistema son dos hermosas palabras que merecen un análisis independiente). Es normal, ya que los okupas tienen la convicción de que el derecho a la vivienda digna o al desarrollo de las personas están por encima de la propiedad privada.

Digo desarrollo de las personas, porque una de las vertientes de la ocupación es la toma de edificios públicos o privados abandonados, de gran tamaño, para usarlos como centro cultural autogestionado, como protesta ante la falta de espacios lúdicos en muchas zonas de las grandes ciudades.

Eso mismo ocurrió en Zaragoza, donde unos centenares de okupas decidieron tomar la antigua cárcel de Torrero, montando allí un centro cultural. Los vecinos, que habían reclamado darle precisamente ese uso al edificio, no pusieron objeciones, se mostraban encantados con la decisión tomada por los jóvenes. Y como centro cultural para el barro funcionó durante unos meses.

Pero, por supuesto, el Ayuntamiento quiere mantener el control de un edificio con alto valor histórico y arquitectónico, aunque no le de ningún uso y deje que se deteriore. Manda a la policía a desalojar el edificio, de madrugada, para que los vecinos no puedan protestar. Porque los vecinos quieren que se queden ahí.

Mirándolo bien, la situación tiene su punto tragicómico. La policía atacando una cárcel, para intentar sacar a unos jóvenes delincuentes de ella. Y estos jóvenes que se resisten, porque no quieren salir de la cárcel.

Esto ocurrió en Zaragoza hace unos días, pero ocurre todos los días en cualquier punto del país. Y es que es más importante la propiedad de algo que no vas a utilizar, que dar un buen uso a un edificio que su dueño no quiere utilizar.

Maravillas de la sociedad.